ASENL detecta presuntas triangulaciones por mil 793.9 millones de pesos en Nuevo León

La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL) reportó presuntas triangulaciones de recursos públicos por mil 793.9 millones de pesos, mediante operaciones vinculadas con proveedores del Gobierno estatal y organismos públicos. Los hallazgos fueron presentados el 17 de noviembre de 2026 ante el Congreso local.
De acuerdo con el informe presentado por el auditor superior Alejandro Reynoso Gil ante la Comisión de Vigilancia del Congreso de Nuevo León, la revisión de la Cuenta Pública 2025 identificó 786 depósitos por mil 696.6 millones de pesos realizados por proveedores y contratistas gubernamentales hacia un despacho jurídico y fiscal. El funcionario también expuso operaciones relacionadas con organismos públicos, entre ellos el DIF estatal.
Parte del dinero habría terminado en un despacho jurídico relacionado con la familia del gobernador Samuel García. Los resultados fueron reportados por Grupo REFORMA y otros medios locales. La revisión de la Cuenta Pública 2025 identificó distintas operaciones que, según los reportes de fiscalización, habrían permitido transferir recursos de proveedores gubernamentales a empresas privadas y posteriormente a un despacho jurídico.
Entre los movimientos señalados se encuentran mil 696.6 millones de pesos en transferencias realizadas por proveedores y contratistas. También se identificaron 23.2 millones de pesos relacionados con operaciones del DIF Nuevo León y el proveedor Don Cacahuato, que habrían pasado por cinco empresas vinculadas. Asimismo, se registraron 74.1 millones de pesos en transferencias señaladas en otra ruta relacionada con la UANL e Isssteleón.
Estas cantidades suman mil 793.9 millones de pesos. Por separado, el informe señala 418.8 millones de pesos en presuntos rendimientos vinculados con las operaciones del despacho jurídico. Esta cifra requiere distinguirse de los depósitos originales, ya que no representa necesariamente una transferencia adicional del presupuesto estatal.
El mecanismo descrito por la Auditoría involucra pagos a proveedores del Gobierno de Nuevo León y posteriores transferencias a otras empresas o cuentas privadas. La ruta señalada en el informe contempla tres etapas: dependencias estatales realizan pagos a proveedores; las empresas receptoras transfieren parte de esos recursos a otras compañías; y una parte del dinero llega al despacho jurídico vinculado con la familia del gobernador.
La Auditoría señaló que identificó 786 depósitos dentro de este esquema. No obstante, la existencia de transferencias bancarias no demuestra por sí sola que todos los pagos sean ilegales. Para determinar si hubo un desvío de recursos se requiere establecer el motivo de las operaciones, si los servicios contratados fueron prestados y si existió algún beneficio indebido.
Uno de los hallazgos está relacionado con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León y sus operaciones con el proveedor Don Cacahuato. Según la información presentada por la Auditoría estatal, una parte de los pagos realizados a esta empresa habría circulado por otras cinco compañías identificadas como relacionadas entre sí.
En un periodo de ocho días, 23.2 millones de pesos habrían llegado al despacho jurídico vinculado con la familia del gobernador. La revisión también identificó posibles irregularidades en adquisiciones y precios de productos suministrados al DIF. Estos señalamientos forman parte de un conjunto de operaciones por mil 953 millones de pesos que requieren aclaración.
Los nuevos datos se conocen después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificara operaciones similares y de que el Congreso estatal solicitara la intervención de autoridades federales para esclarecer el origen y destino del dinero. Sin embargo, las operaciones señaladas no equivalen, por sí mismas, a una sentencia por desvío de recursos ni acreditan la responsabilidad penal del mandatario.


