FGR investiga a más de 50 personas por ilícitos en INE

La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a más de 50 personas físicas y morales como señaladas en denuncias por presuntos actos ilícitos cometidos dentro del Instituto Nacional Electoral (INE). La información se dio a conocer el sábado, 14 de noviembre de 2026.
Entre los nombres que aparecen en la mayoría de las carpetas de investigación figuran familiares directos de Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, así como el contratista del instituto, Alfredo Hernández Casillas. Las indagatorias también incluyen a diversas empresas proveedoras dedicadas a la producción de materiales electorales. Fuentes de la Fiscalía General de la República indicaron que no se conocen todos los nombres de las personas investigadas.
Señalaron que la identidad precisa del resto de las personas físicas y empresas señaladas se mantendrá bajo reserva legal hasta que cada una de las investigaciones sea resuelta conforme a derecho.
Los señalamientos se distribuyen en 15 carpetas de investigación, atendidas por tres áreas de la institución: la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción y la Fiscalía Especializada de Control Regional. El origen de estas indagatorias está en seis querellas interpuestas por el Órgano Interno de Control (OIC) del propio INE.
Además, se suman denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), representantes de los partidos PRI y PAN, así como ciudadanos particulares. Con base en los elementos de prueba aportados sobre las personas físicas y morales señaladas, personal de la FGR realizó diligencias de revisión y aseguramiento de documentos físicos e información digital dentro de instalaciones del organismo electoral.
Las actuaciones ministeriales se llevaron a cabo específicamente en la Torre Zafiro, sede de las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, y en la Secretaría General del INE. Las 15 carpetas continúan en etapa de investigación ministerial. Por ello, las personas físicas y empresas mencionadas mantienen el carácter de señaladas bajo reserva legal, mientras las fiscalías especializadas determinan si existen elementos para judicializar cada expediente.


