El no cumplir con la suspensión sobre los libros de texto gratuitos podría derivar en prisión o inhabilitaciones, advirtió la juez Yadira Elizabeth Medina Alcántara, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa.
Además, advirtió a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), la posibilidad de enfrentar sanciones de prisión e inhabilitaciones, en caso de no cumplir con la suspensión que frena la edición y distribución de los libros de texto para educación básica del ciclo 2023-2024.
En su resolución la jueza señaló al organismo la posibilidad de enfrentar las sanciones dispuestas en el artículo 262, fracción tercera, de la Ley de Amparo, luego dar parte a su superior jerárquico y a la Fiscalía General de la República (FGR).
Esa norma establece una sanción de prisión de tres a nueve años, así como una multa de 50 a 500 días, así como la destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar algún cargo público, al servidor que, en carácter de autoridad responsable, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado.
El aviso fue en respuesta a una notificación realizada por la Conaliteg, dentro de un juicio de amparo, en la que se declaró imposibilitada para cumplir con la suspensión definitiva otorgada al amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).
Medina Alcántara concedió la suspensión definitiva a esta organización el pasado 25 de mayo, pero para el 29 de junio la autoridad judicial determinó que no se había acatado su mandato, por lo que fijó un plazo de 24 horas para que la SEP y la Conaliteg detuvieran la edición y distribución de materiales.
