La implementación de juicios colectivos en El Salvador fue rechazada por organismos de derechos humanos y jueces, que afirman que es una medida populista para favorecer la reelección del presidente Nayib Bukele, sin embargo, la población aprueba la medida.
La norma aprobada el miércoles por el Congreso, en virtud del régimen de excepción en vigor desde marzo de 2022, conducirá a que unos 900 reos enfrenten un mismo juicio, lo que implica una “violación de los derechos a la defensa”, según Amnistía Internacional (AI).
“Transcurrido más de un año (del régimen de excepción), hemos constatado cómo las reformas legales asociadas a esta medida represiva han tenido como objetivo la erosión de las garantías elementales del proceso penal”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
Casi 72 mil presuntos pandilleros están presos en El Salvador en virtud del régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial. Además, Bukele construyó una megacárcel para 40.000 pandilleros, considerada la prisión “más grande de América”, con un duro régimen de reclusión que también es denunciado por grupos de derechos humanos.
“Seguir adelante con juicios colectivos en las siguientes etapas del proceso penal constituye un continuum de violación de los derechos a la defensa, un juicio justo y la presunción de inocencia, derechos que han sido flagrantemente vulnerados” por Bukele, dijo Guevara Rosas.
Aludía a que la Constitución salvadoreña no permite la reelección, pero la Sala de lo C
onstitucional de la Corte Suprema, en un polémico fallo, dio luz verde a Bukele para buscar un segundo mandato en las urnas, en febrero de 2024.
Los juicios colectivos fueron aprobados seis meses antes de los comicios, mientras Bukele goza de alta popularidad por su “guerra” contra las pandillas, que elevó los niveles de seguridad en el país.
El director ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro, atribuyó a motivos electorales este decreto aprobado con los votos del oficialismo, que controla el Congreso. La medida “obedece a una situación electorera que como ya nos acercamos a las elecciones, va dirigida a convencer a los que están dudando del gobierno”, indicó Montenegro.
El decreto establece que los detenidos bajo el régimen de excepción pueden estar hasta 24 meses presos sin ser llevados a juicio o liberados. La ONG Cristosal señaló que el decreto busca resolver “una serie de procesos que carecen de fuerza y solidez probatoria”.
