Ecuador solicitó a la embajada de México en Quito permitir el acceso policial a sus instalaciones para detener al exvicepresidente Jorge Glas, acusado de malversar fondos públicos destinados a la reconstrucción de comunidades costeras después de un terremoto devastador.
La cancillería “ha solicitado a la Embajada de México el consentimiento para que las fuerzas del orden puedan dar cumplimiento a la disposición de la Corte Nacional de Justicia de capturar al ciudadano Jorge David Glas Espinel”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en su cuenta de X.
Glas, quien tiene una orden de prisión, se refugió en esa legación el 17 de diciembre pasado en medio de una investigación en su contra por presunto peculado, un delito imprescriptible que se castiga hasta con 13 años de prisión.
El exvicepresidente (2013-2017) pidió asilo a México, pero Quito anticipó que le negará un salvoconducto para salir del país en caso de que el refugio le sea concedido, por considerar que se trata de una investigación penal.
De su lado, la defensa de Glas sostiene que el asilo le permitirá proteger “su integridad física” ante la inseguridad en las cárceles de Ecuador, donde desde 2021 han muerto 460 personas.
Desvió de fondos
De acuerdo con la fiscalía, Glas y otros dos funcionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017) desviaron los fondos destinados a la reconstrucción de la provincia de Manabí (suroeste) hacia otros proyectos.
Glas lideró un comité para la reconstrucción de zonas afectadas por el fenómeno natural, para lo cual el gobierno recaudó unos mil 614 millones de dólares de aportes obligatorios de los salarios de todos los empleados y el alza temporal del Impuesto al Valor Agregado.
La investigación “determinó que existiría un abuso de dinero público en beneficio de terceras personas”, ha señalado la fiscalía, que sostiene que hasta la fecha no se ha evidenciado un proceso de reconstrucción de los poblados afectados por el sismo de 7,8 grados de magnitud.
En otro proceso distinto, Glas fue condenado en diciembre de 2017 a seis años de cárcel por la trama de corrupción de la firma brasileña Odebrecht. En 2022 obtuvo su libertad condicional.
En los últimos años, México otorgó asilo o refugio a otros exfuncionarios del gobierno de Correa como el excanciller Ricardo Patiño y los diputados Soledad Buendía, Carlos Viteri y Gabriela Rivadeneira.
