Detienen a juez mexicano en Colombia por cobrar 2 millones de dólares

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este jueves 5 de noviembre de 2026 que Luis Benítez Alcántara, un juez federal mexicano de 49 años originario de la Ciudad de México, fue arrestado el domingo 1 de noviembre en Colombia. El juzgador enfrenta una acusación federal de nueve cargos por complicidad posterior al delito.
La investigación se centra en una resolución judicial emitida el 24 de febrero de 2025, cuando Benítez Alcántara autorizó la libertad bajo fianza de Andrew Clark, un ciudadano canadiense identificado como uno de los principales integrantes de una organización criminal vinculada al narcotráfico. Según la fiscalía estadounidense, el juez recibió ese mismo día la totalidad del dinero acordado para favorecer al detenido.
Clark fue capturado en México en octubre de 2024 por acusaciones penales presentadas en Estados Unidos relacionadas con tráfico de drogas, asesinato e intento de asesinato. Tras su detención, compareció ante Benítez Alcántara, quien supervisaba su procedimiento de extradición en la Ciudad de México. En noviembre de 2024, el Gobierno estadounidense solicitó formalmente la entrega del canadiense.
No obstante, la acusación sostiene que Clark comenzó a realizar pagos mediante intermediarios para conseguir su liberación. La fiscalía señala que los movimientos de dinero ocurrieron entre noviembre de 2024 y febrero de 2025. Durante ese periodo, Clark habría transferido aproximadamente 2.75 millones de dólares mediante pagos fraccionados.
La acusación describe un acuerdo para entregar alrededor de 2 millones de dólares al juez mexicano a cambio de una resolución que favoreciera al detenido. Los acontecimientos señalados por la fiscalía indican que Benítez Alcántara recibió el pago completo y concedió la libertad bajo fianza ese mismo día. Días después, Clark fue detenido nuevamente y trasladado a Estados Unidos, donde continúa sujeto a un proceso penal.
El caso involucra al sistema judicial mexicano y a las autoridades de tres países. El juzgador desempeñó funciones en tribunales federales de Chihuahua y la Ciudad de México. Su historial profesional está documentado en registros oficiales del Poder Judicial de la Federación, mientras las autoridades estadounidenses buscan llevarlo ante un tribunal para responder por los hechos que le atribuyen.
Por ahora, los hechos forman parte de una acusación penal y no existe una sentencia contra el juzgador.


