ONU revisará crisis de 135 mil desaparecidos en México
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU presentará este martes 20 de octubre de 2026 ante la Tercera Comisión de la Asamblea General un informe sobre la crisis de más de 135 mil personas desaparecidas y no localizadas en México. La presentación busca explicar los motivos por los que el organismo solicitó una revisión internacional de la situación del país.
La decisión tiene implicaciones para las familias de las víctimas, aunque no representa una sentencia contra México ni implica que se hayan aprobado nuevas medidas internacionales. El informe estará a cargo de Juan Pablo Albán, presidente del Comité, quien anunció que explicaría la primera aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
De acuerdo con la decisión oficial del Comité, existen indicios suficientes para solicitar la intervención de la Asamblea General mediante un procedimiento destinado a facilitar una respuesta internacional. El proceso comenzó el 2 de abril de 2026, cuando el organismo decidió solicitar al secretario general de la ONU que trasladara el caso mexicano.
El organismo consideró que hay indicios fundados de desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada o sistemática. La controversia ocurre mientras el Gobierno federal sostiene que el Comité no consideró adecuadamente las medidas adoptadas para combatir las desapariciones, según informó la fuente.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos de búsqueda consideran necesaria la participación de especialistas internacionales. El Comité contra la Desaparición Forzada es un órgano integrado por expertos independientes encargado de supervisar que los países cumplan sus obligaciones internacionales para prevenir, investigar y sancionar este delito.
Durante años, el organismo ha realizado evaluaciones sobre México, identificado deficiencias institucionales y formulado recomendaciones relacionadas con la búsqueda de personas. Entre los problemas señalados por el Comité se encuentran la persistencia de desapariciones forzadas en distintas regiones del país, la posible participación de funcionarios públicos en determinados casos y la existencia de patrones de colaboración o tolerancia entre autoridades y organizaciones criminales.
El Comité también advirtió que parte de los hechos examinados podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
