Proceso para elegir al nuevo presidente del INE tras renuncia de Taddei
La Cámara de Diputados es la responsable de elegir al nuevo presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) en la Ciudad de México, tras la renuncia de Guadalupe Taddei. Este nombramiento no se realiza mediante voto directo de la ciudadanía, sino que requiere el respaldo de dos terceras partes de los legisladores presentes en sesión. El 25 de octubre de 2026, este proceso inicia su etapa legislativa.
El procedimiento está establecido en el artículo 41 de la Constitución mexicana y en la legislación electoral vigente. El cargo tiene una duración de nueve años y no permite la reelección. Su renovación no está vinculada directamente con los procesos electorales presidenciales, sino con los plazos legales y la existencia de una vacante.
El proceso comienza con una convocatoria pública y la instalación de un Comité Técnico de Evaluación. Este comité se integra por cinco personas: tres integrantes designados por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados y dos nombrados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Entre los requisitos para aspirar al cargo se encuentran tener al menos 30 años al momento de la designación y contar con un título profesional con cinco años de antigüedad mínima. También es obligatorio cumplir las disposiciones legales sobre trayectoria e impedimentos para ocupar el puesto. El comité revisa los expedientes y evalúa a los candidatos mediante mecanismos establecidos en la convocatoria, que pueden incluir exámenes, escritos y entrevistas.
Una vez realizadas las evaluaciones, el comité selecciona a los perfiles mejor calificados y conforma una lista de cinco aspirantes, conocida como quinteta, para la presidencia del INE. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) busca acuerdos para presentar una propuesta ante el Pleno de la Cámara. Si no se logra la mayoría requerida dentro del plazo legal, puede recurrirse a la insaculación, un procedimiento de selección por sorteo.
En caso de que la designación tampoco se concrete por estas vías, la Constitución contempla la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante una insaculación en sesión pública.
